El alcalde y los ediles de sus dos legislaturas acudirán al juzgado como imputados y como testigos para explicar las ilegalidades del PGO

El juzgado tras las declaraciones estudiará si suspende cautelarmente el Plan.

EDDC.NET | SANTA CRUZ DE TENERIFE

El presente procedimiento judicial que tiene al alcalde muerto en la bañera por su nueva imputación se inició en virtud de denuncia del Ministerio Fiscal, de fecha 12 de Febrero de 2007, por un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio (213 licencias ilegales concedidas con informes jurídicos contrarios de los Servicios Jurídicos Municipales y advertencia de responsabilidad del Secretario Municipal ), y un delito continuado de prevaricación (por sistemática adjudicación de 79 contratos con advertencia de ilegalidad por parte de la Intervención), siendo imputados por estos hechos todos los miembros de la Comisión de Gobierno surgida tras las elecciones locales de 2003, esto es, José Alberto González Reverón, Manuel Barrios Rodríguez, Sebastián Martín Martín, Daniel Martín Navarro, Alfonso Barroso Armas, José Luis González Rodríguez, Juan José Alayón Beltrán y Félix Sierra Melo.

Posteriormente, por escrito de denuncia derivada a este Juzgado, se amplió el objeto de este proceso penal con nuevas licencias, presuntamente delictivas, y concedidas entre el 15 de Diciembre de 2006 y 4 de Diciembre de 2007 ( es decir, con posterioridad a las que fueron objeto de la denuncia del Ministerio Público iniciador de este causa penal). De estas, 42 se atribuyen a los ya imputados en el presente procedimiento, y 12 a los nuevos miembros de la Comisión de Gobierno, esto es, José Alberto González Reverón, Antonio Luis Sosa Carballo, María Candelaria Padrón González, Miguel Angel Méndez Fernández, Jesús Ramón García Hernández, Antonio Miguel García Marichal, Francisco Enrique Toledo Hernández, Manuel Reverón González y Martina Melo Melo. Asimismo, entendemos que podría ser constitutivo de ilícito penal la actuación del funcionario Javier García Doncel.

Por escrito de 8 de Julio de 2008, se amplió nuevamente el objeto procesal con nuevas licencias presuntamente delictivas y otorgadas entre Enero y Julio de 2008. El 25 de Noviembre de 2008 se amplió la presente causa denunciando cuatro casos ( dos referidas a la entidad mercantil Construcciones, Ventas y Promociones Faca, S.L, y dos referidas a la Unidad de Actuación de Guaza). El 28 de Noviembre de 2008, vinimos a poner en conocimiento de este Juzgado, la posible comisión de un ilícito penal de falsificación, presuntamente cometido por el entoncesd secretario General del Ayuntamiento de Arona, tal y como resulta de informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales, y en relación con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Arona.

El objeto de la presente denuncia es, por un lado, la presunta comisión de un ilícito penal de prevaricación, por parte de los concejales, que en el Pleno del Ayuntamiento de Arona, del 28 de Noviembre de 2008, votaron a favor de dar por subsanados los defectos advertidos en el acuerdo de la COTMAC de 20 de Diciembre de 2006, para la aprobación parcial del Plan General de Arona: José Alberto González Reverón, Antonio Luis Sosa Carballo, María Candelaria Padrón González, Miguel Ángel Méndez Fernández, Jesús Ramón García Hernández, Antonio Miguel García Marichal, Francisco Enrique Toledo Hernández, Manuel Reverón González, Martina Melo Melo, Clara María Pérez Pérez, Ángel David Herrera González, Dácil María García Marcelino, Manuel Barrios Rodríguez, Pedro Antonio Cabeza González, Agueda Fumero Roque, José Agustín Sierra Fumero y José Esteban Alayón González, concejales todos ello del Ayuntamiento de Arona.

Por otro lado, se denuncia un presunto ilícito de prevaricación cometido en la redacción y confección del Plan General de Ordenación Urbana de Arona:

Tal y como se ha hecho constar en denuncia previa, el Plan General de Ordenación Urbana de Arona fue aprobado de forma parcial, por acuerdo de la COTMAC de 20 de Diciembre de 2006. La parte que recibió esta aprobación parcial fue condicionada a ciertas subsanaciones, que habrían de ser verificadas por la Dirección General de Urbanismo, para la publicación de la parte aprobada parcialmente y su entrada en vigor.

Tras casi dos años (tiempo inusual para la práctica de dichas subsanaciones), se llevó al Pleno del Ayuntamiento de Arona, del pasado 28 de Noviembre de 2008 la aprobación de las referidas subsanaciones.

En dicho expediente, consta informe, ya obrante en la causa, suscrito ( entre otros) por la Jefa de los Servicios Jurídicos Municipales, Manuela Melo Padilla, en el que se hace constar que se han efectuado modificaciones más allá de las subsanaciones ( lo cual supone planificar al margen del procedimiento).

Se acompaña el informe del Servicio de Urbanismo, de 3 de Noviembre de 2008, que complementa el ya aportado de Octubre de 2008, y que también aparece suscrito, entre otros, por la Jefa de los Servicios Jurídicos, y en los que se viene a informar “que en el Documento preparado por el Redactor se han observado, respecto al aprobado definitivamente, modificaciones que no pueden obedecer a la subsanación de deficiencias del acuerdo de aprobación definitiva adoptado por la COTMAC”.

Ya se formuló denuncia contra el secretario general de la corporación municipal por posible falsedad documental cometida con ocasión de las indebidas modificaciones verificadas, tal y como resulta del propio informe del Servicio de Urbanismo, de 2 de Octubre de 2008.

Si se observa el informa del Servicio de Urbanismo de 3 de Noviembre de 2008, se contienen múltiples referencias al informe justificativo del redactor Coderch. En este sentido, y a fin de poder clarificar completamente el sentido de los informes, el concejal del grupo socielista, José Antonio Reverón González, se personó en las dependencias municipales, y estando en presencia del entonces secretario general, Cristian Marcelino Represas, y del concejal de Urbanismo, Antonio Sosa Carballo, para obtener copia de los documentos que formen parte de asuntos que son objeto de los Plenos, y con el más que lógico propósito de entender los informes de los Servicios de Urbanismo (que contenían múltiples referencias al informe del redactor del Plan), y con ello, cumplimentar su función democrática de forma eficaz, instó del secretario municipal, Cristian Marcelino Represas copia del citado informe de Jorge Coderch Figueroa, lo cual fue sorprendentemente negado por el secretario municipal.

El jueves 27 de Noviembre de 2008, y en presencia del alcalde del Ayuntamiento, el secretario municipal Cristian Marcelino Represas, reconoció que en el pleno del día 28 de Noviembre de 2008, y en el que se iba a tratar la aprobación de las subsanaciones no existía propuesta de resolución alguna.

El 28 de Noviembre de 2008 se celebra el citado Pleno, y es de resaltar que la concejal, Agueda Fumero Roque pregunta al secretario municipal que le informe si en el texto que se somete a aprobación se han efectuado modificaciones más allá de las subsanaciones, contestando el secretario que se remite a los informes existentes. Recordemos que los informes jurídicos determinan la existencia de modificaciones. Ante esta respuesta, Fumero Roque insiste y requiere al secretario para que él le informe sobre este extremo ( recordemos que el secretario municipal es la máxima autoridad jurídica municipal), preguntándole expresamente si a su criterio se han producido modificaciones más allá de las subsanaciones, contestando sorprendentemente que no lo sabe.

Después de que el asesor jurídico municipal manifestara en el Pleno que no sabía si se habían producido modificaciones más allá de las subsanaciones, de que los informes del Servicio de Urbanismo ( suscritos, entre otros, por la Jefa de los Servicios Jurídicos Municipales), hubiesen informado que se habían producido modificaciones que no pueden obedecer a la subsanación de deficiencias del acuerdo de aprobación definitiva adoptado por la COTMAC, de forma sorprendente, los Concejales denunciados votaron a favor de dar por cumplido el requerimiento del acuerdo de la citada COTMAC de 20 de Diciembre de 2006.

Asimismo, se acompaña a este escrito CD de reunión celebrada el 21 de Noviembre del 2008, con el también denunciado D. Jorge Coderch Figueroa, reunión que duró una dos horas, y en la que reconoció, entre otros extremos de relevancia, que el Plan General lo confeccionó de forma irregular, pero ello fue debido a peticiones de los Concejales, si bien les hizo firmar un documento que calificó de inédito.

Entendemos que lo descrito constituye un presunto delito de prevaricación cometido con ocasión de la redacción del Plan General, siendo que Jorge Coderch Figueroa tendría la condición de cooperador necesario en la comisión de este gravísimo hecho, como el presuntamente cometido al redactar un texto tan importante como es un Plan General, de forma conscientemente irregular, pero por presiones de los miembros del grupo de gobierno.

Es evidente que la historia que subyace en el caso Arona confluye y se confunde con el ilícito que se aprecia en la confección del Plan General ( cuyo redactor reconoce fue confeccionado de forma irregular), documento que se convierte, así, en un presunto acto constitutivo de infracción penal, dando cobertura, asimismo, a presuntos ilícitos cometidos, todo lo cual impone necesariamente la suspensión cautelar del PGO de Arona.

Es una consecuencia necesaria de la tutela judicial efectiva que también ha de regir en la jurisdicción penal, y dada la confesión del redactor, el cual asume el carácter presuntamente ilícito del documento, la inmediata suspensión del citado texto, en cuanto resultaría anómalo que un documento teñido de tan clara ilicitud penal (hecho reconocido por su propio autor) pueda operar en el tráfico jurídico.
Estamos ante un supuesto de prejudicialidad penal, y por tanto lo aconsejable es que se suspenda el PGO de Arona hasta tanto adquiera firmeza la resolución penal que tiene prevalencia y preferencia, lo que queda justificado para salvaguardar y evitar la vulneración del Principio de seguridad jurídica y el de tutela judicial efectiva.

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